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El presidente de Diputados, Jerges Mercado, denunció este martes que una “mano negra” pretende obstaculizar las elecciones judiciales, pero la posición y compromiso del Gobierno y del Legislativo es -aseguró- garantizar para el próximo año nuevas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
“El reglamento, como es de conocimiento público, ha sido aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, hemos tenido que lamentar alguna mano negra por ahí que quiere obstaculizar el desarrollo de las elecciones”, insistió en alusión a los dos recursos legales que hicieron paralizar este proceso.
Mercado aseguró que el Gobierno nacional y la Asamblea Legislativa “están firmemente comprometidos con el pueblo boliviano para dotarle de administradores de justicia en enero de 2024”.
El 28 de abril, por mandato del auto constitucional 0186/2023, el Legislativo suspendió por segunda vez el proceso de preselección de candidatos para la conformación, en elecciones, del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura “hasta que el Tribunal Constitucional dicte la respectiva sentencia”.
Se trata de una medida cautelar que aplicó la comisión de admisión del TCP, luego de acoger una acción de inconstitucionalidad abstracta presentada por el diputado de Creemos Leonardo Ayala, el 24 de abril.
En su petitorio, el diputado alega que no correspondía la aprobación de una resolución para realizar esta labor, sino una ley, como sucedió el año 2017, con la Ley 960.
Además, pidió que el criterio de la aprobación por dos tercios sea aplicado en todas las labores procedimentales del proceso de preselección para la elecciones judiciales: “la convocatoria pública, la recepción de postulaciones, la verificación de los requisitos, la publicación de postulantes habilitados, las impugnaciones, la evaluación de experiencia profesional, la evaluación de formación profesional, la evaluación de conocimiento escrita, la entrevista, el informe final de evaluación y la preselección propiamente de candidatos”.
Se trata de la segunda resolución de la Asamblea Legislativa que es objetada por la justicia y, en consecuencia, paraliza el proceso de preselección.
El primer proceso de preselección de candidatos judiciales fue suspendido el 13 de abril, por decisión de un fallo de la Sala Constitucional Primera de Beni, a demanda del abogado Miguel Ángel Balcázar, que observó el requisito de no emitir comentarios políticos.
Para destrabar el proceso, el Legislativo aprobó ahora una Ley Transitoria que acorta los tiempos para todas las fases de las elecciones judiciales.
La norma, remitida al Ejecutivo para su promulgación, fija un plazo de 60 días para que la Asamblea realice la preselección de los candidatos al Tribunal Constitucional Plurinacional y Órgano Judicial, y un plazo de 100 días para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) organice la votación.
Mercado, en tanto, espera que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) apruebe su dictamen sobre la acción de inconstitucionalidad abstracta presentada por el diputado de Creemos.
“Estamos a la espera de esa sentencia del Tribunal Constitucional, esperemos que no tome mucho tiempo y se pueda evacuar de una vez una resolución al respecto, que viabilice y que dé luz verde a algo que el pueblo boliviano pide, nuevos administradores de justicia”, indicó Mercado.
ABI
