marzo 4, 2024

Pedro Castillo denuncia la «violación sistemática» de sus derechos humanos en carta a Guterres

«Perú vive un ‘lawfare’», aseveró el exmandatario, en una misiva en la que también expuso los acontecimientos recientes en el país andino.

El entonces presidente de Perú Pedro Castillo en rueda de prensa, el 11 de octubre del 2022 Victor Gonzales / Consejo de Ministros / AFP

Fuente: RT

El expresidente de Perú, Pedro Castillo, compartió este miércoles una carta dirigida al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, en la que denuncia la «violación sistemática» de sus derechos humanos, así como su «detención arbitraria e ilegal destitución».

Castillo (2021-2022) fue removido del cargo por el Congreso de la República el 7 de diciembre de 2022, cuando el profesor rural dispuso la disolución del órgano legislativo y la convocatoria a nuevas elecciones parlamentarias, entre otras medidas controversiales.

«Ese mensaje solo quedó a nivel de un acto político declamativo y no constituyó un acto de gobierno formal propiamente dicho, pues no se elaboró ninguna acta del mensaje presidencial ni tampoco se emitió ningún decreto, mensaje que era imposible que diera lugar a algún acto administrativo», alegó en su misiva.

Sobre su posterior detención, justificada por las autoridades por ese mensaje a la nación, el exmandatario habló de «arresto ilegítimo» e «inconstitucional». Como en otras ocasiones, rechazó que haya existido flagrancia y delitos como de rebelión.

«En mi caso ha mediado una orden superior de los altos mandos castrenses y policiales (…) cualquier procedimiento penal requiere de un antejuicio político que ha sido omitido en mi caso«, puntualizó Castillo.

El antiguo miembro del partido izquierdista Perú Libre enfrenta 18 meses de prisión preventiva por presunta rebelión y otros 36 meses de prisión preventiva por ser el presunto líder de una organización criminal, que fue ratificada recientemente.

Sobre todo Perú

En su carta a Guterres, también se refirió a las masivas manifestaciones contra su sucesora, Dina Boluarte, que dejaron unas 67 muertes, de las cuales 49 se dieron en enfrentamientos con las fuerzas del orden.

«El rechazo y la protesta de la población desarmada fue respondido por el Gobierno ‘de facto’ con una estrategia de violación sistemática de derechos humanos, siendo el elemento más grave el uso de las ejecuciones extrajudiciales contra personas desarmadas«, sostuvo.

Una aseveración que ha sido contemplada incluso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un informe sobre lo ocurrido en Perú entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, cuando se dieron las movilizaciones contra Boluarte y el Parlamento.

Entre sus conclusiones la CIDH estimó que las muertes en Ayacucho pueden encuadrarse en «ejecuciones extrajudiciales» y que en Juliaca hubo «uso excesivo e indiscriminado» de la fuerza por parte de agentes del Estado.

«Perú vive un ‘lawfare’, un Congreso que monitorea al Poder Judicial y una exfiscal de la Nación [Patricia Benavides] investigada con el defensor del Pueblo [Josué Gutiérrez] y congresistas en una presunta organización delictiva; situación que me obliga acudir al sistema universal de los derechos humanos para buscar justicia», cerró.