Daniel Andrés Rodríguez/Tarija
Los ministros de Gobierno, Carlos Romero, y de Economía, Luís Arce Catacora, explicaron, en asamblea, a las autoridades y dirigentes tarijeños que se buscará un mecanismo jurídico para cumplir el acuerdo firmado con Tarija en la ciudad de Santa Cruz. Sobre todo para que la Gobernación realice la contratación por excepción de una empresa que haga el estudio técnico paralelo sobre el mega campo gasífero de Margarita, que determine si el reservorio es o no compartido con Chuquisaca.
De todas maneras ambas autoridades nacionales mantienen la idea de que la Gobernación de Tarija no necesita de un Decreto Supremo o una Ley para realizar su propio estudio ya que se trata de una consultoría técnica con un dictamen técnico especializado, al igual que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Por lo tanto aseguraron que son suficientes las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios para realizar el estudio paralelo, y que no estará contra la Constitución Política del Estado.
“Habrá uno de YPFB y otro de Tarija-dijo Romero- Se contrastarán ambos estudios y el Estado tomará su decisión final. Si hay alguien que se siente perjudicado se podrá impugnar”.
El ministro de economía, Luís Arce Catacora, coincidió en que el estudio que hace YPFB se contrastará con el de Tarija y al final “los dos serán válidos”.
De esa manera los representantes del Gobierno Central resumieron una asamblea que duró alrededor de tres horas, en la que las autoridades de Tarija mostraron una vez más división interna, sin llevar adelante una postura única.
Esa marcada diferenciación entre los políticos tarijeños se notó desde la mañana de ayer miércoles, cuando salieron ante los medios de comunicación los parlamentarios de Convergencia Nacional denotando la inconstitucionalidad del acuerdo, el diputado chaqueño Wilman Cardozo buscando responsabilidades, el alcalde Oscar Montes al rechazar críticas, el Gobernador interino, Lino Condori, quien dijo que no iba a firmar ninguna contratación de estudio, y la “sorpresiva” reaparición de Carlos Cabrera Iñiguez en el salón de la Alcaldía para pedir a los cívicos que se involucren en el proceso de contratación que realice la Gobernación y defendiendo el acuerdo firmado en Santa Cruz.
El Ministro de Gobierno, Carlos Romero, explicó que hay intervenciones que responden a un cálculo político y lo respetará, pero se comprometió a despejar todas las dudas para que Tarija tenga su estudio “orientador” para solucionar y tomar una decisión sobre Margarita.

Estudio.- El ministro de Economía y Finanzas Luis Arce Catacora al ser consultado sobre el porqué no se mencionó en la reunión de Santa Cruz que no existía la necesidad de un nuevo decreto respondió “pregúntele a sus dirigentes, dice que fueron más de 50”.
Fernando Barral Zegarra
El Gobierno nacional, a través de los ministros Carlos Romero Bonifaz y Luis Arce Catacora, no trajó ni decreto ni ley para facilitar el estudio de Margarita por la Gobernación, insiste en que puede hacerlo con el Decreto 0181 y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD), actualmente vigentes.
Mientras miembros del Comité Multisectorial de Defensa de Margarita pidieron insistentemente la facilitación de “las condiciones mediante el instrumento jurídico que corresponda”, los Ministros se mantuvieron en que las Normas Básicas (DS 0181) y la LMAD eran suficientes.
Los Ministros ratificaron su respuesta dada a conocer este martes mediante una carta al Comité de Defensa de Margarita y que este diario publicó con el documento adjunto. No cedieron y dejaron en posición incómoda al Comité.
Romero y Arce, que llegaron antes de las 14:00 a Tarija, se reunieron por más de una hora con el gobernador interino Lino Condori Aramayo en la Gobernación, antes de hacerlo con representantes y ciudadanos en el salón del autotransporte, que se llenó de gente.
Estas autoridades pese a los reiterativos pedidos y hasta los planteos de que cumplan el punto 1 del acuerdo firmado el 26 de enero en Santa Cruz, respondieron repetitivamente que el DS 0181 y la LMAD eran suficientes para que la Gobernación haga un estudio paralelo al de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) sobre el campo Margarita.
Uno de los primeros en pedir el cumplimiento del acuerdo fue el alcalde de Cercado Oscar Montes Barzón el mismo pedido efectuó el asambleísta Jhonny Tórrez Terso quien incluso dijo que el documento así como se firmó de buena fe, también puede dejarse sin efecto, “de buena fe”.
En la reunión donde estuvieron la mayoría de los miembros del Comité de Defensa, el propio presidente de la Asamblea Departamental, Justino Zambrana Cachari, pidió el cumplimiento del acuerdo, los Ministros dijeron que por la vía de la excepción puede contratar la Gobernación el estudio de Margarita.
Varios que tomaron la palabra, incluidos los Ministros, leyeron el decreto mencionado, la Constitución y hasta la LMAD en el intento de fundamentar sus posiciones, los Ministros reiteraron que el estudio “puede hacerse”.
Tórrez insistió en el incumplimiento del Gobierno porque en 5 días no se dieron “las condiciones mediante el instrumento jurídico” mientras el tiempo corre y YPFB prevé firmar el contrato para el estudio de Margarita con la empresa Gaffney, Cline & Associates, el día 9 de este mes.
En las argumentaciones, explicaciones y cuestionamientos surgieron las críticas y contracríticas así como acusaciones y contra acusaciones de politización del tema, no faltaron los aplausos y hasta leves silbidos, de uno y otro lado.
Mientras muchos del Movimiento Al Socialismo (MAS) atribuyeron al exprefecto Mario Cossío Cortéz el surgimiento de este problema de Margarita, el médico Germán Hoyos Delfín pidió dejarse del pasado y letanías y pidió a los Ministros respuestas concretas al punto 1 del acuerdo.

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, explicó a más de un centenar de representantes, que la luz verde para que Tarija haga un estudio técnico por su parte, sobre el campo de gas Margarita, no afectará legalmente al que encargue Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que es el único reconocido para establecer el factor de distribución de regalías de campos compartidos.
"No tiene que existir ninguna duda respecto a este objetivo prioritario de realizar el estudio, dirigido por YPFB", afirmó según ABI el ministro Quintana, quien recordó el plazo que se acordó con la representación de Chuquisaca de tener el contrato firmado con una empresa internacional hasta antes del venidero 9 de febrero.